Tras fingir su muerte, Francisco Paesa desapareció durante años. Lo rastreamos en Luxemburgo y posteriormente en París, donde se confirmó su identidad. Este caso demostró que incluso los expertos en el engaño pueden ser localizados.
Descubrimos que parte del dinero desviado en la mayor trama de corrupción urbanística de España estaba oculto en la Isla de Man. La recuperación de estos fondos fue clave para la justicia.
Investigamos cómo José María Ruiz-Mateos utilizaba testaferros para desviar activos, perjudicando a nuestros clientes. Nuestro trabajo permitió destapar la trama y recuperar parte del dinero.
Descubrimos que parte del dinero desviado en la mayor trama de corrupción urbanística de España estaba oculto en la Isla de Man. La recuperación de estos fondos fue clave para la justicia.
Investigamos cómo José María Ruiz-Mateos utilizaba testaferros para desviar activos, perjudicando a nuestros clientes. Nuestro trabajo permitió destapar la trama y recuperar parte del dinero.
Descubrimos un fraude en el que una mujer se casó con un hombre fallecido para reclamar su herencia. Nuestro trabajo logró la anulación del matrimonio y la recuperación de 3 millones de euros.
Detectamos cómo un alto cargo de la Policía Nacional falsificó pruebas en un proceso judicial. Nuestra investigación desmontó la acusación y llevó a su condena.
Desmontamos la estrategia de un empresario que reclamaba 110 millones de euros en un arbitraje internacional, demostrando que aún manejaba grandes sumas de dinero.
Detectamos cómo un alto cargo de la Policía Nacional falsificó pruebas en un proceso judicial. Nuestra investigación desmontó la acusación y llevó a su condena.
Desmontamos la estrategia de un empresario que reclamaba 110 millones de euros en un arbitraje internacional, demostrando que aún manejaba grandes sumas de dinero.
Investigamos un caso mediático de delitos sexuales, descubriendo inconsistencias en la acusación. Las pruebas aportadas fueron clave en la absolución del deportista.
Detectamos múltiples casos de bajas laborales fraudulentas, permitiendo a empresas demostrar el engaño y tomar medidas legales.
Defendimos a una fundación acusada de desviar fondos, demostrando la falta de pruebas y logrando su absolución.
Detectamos múltiples casos de bajas laborales fraudulentas, permitiendo a empresas demostrar el engaño y tomar medidas legales.
Defendimos a una fundación acusada de desviar fondos, demostrando la falta de pruebas y logrando su absolución.
Rastreamos y localizamos 300 millones de euros desviados en un fraude financiero internacional, ayudando a nuestro cliente a recuperar parte de su inversión.
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Francisco Paesa desapareció en 1998, dejando tras de sí una falsa muerte en Tailandia y un historial de operaciones encubiertas para los servicios secretos españoles. Durante años, su paradero fue un misterio, alimentando todo tipo de especulaciones. Sin embargo, su rastro no se había desvanecido por completo. Siguiendo pistas financieras y movimientos en el extranjero, logramos localizarlo en Luxemburgo, donde operaba con una nueva identidad.
Pero Paesa era un experto en el arte del engaño y, tras ser descubierto, volvió a desaparecer. No tardamos en encontrar su nuevo refugio: París, donde finalmente fue sorprendido por la revista Interviú en 2005. Esta localización no solo confirmó que su muerte había sido un montaje, sino que también desveló que seguía moviendo hilos en la sombra. Su historia es un ejemplo claro de cómo la inteligencia privada puede desenmascarar hasta a los fugitivos más experimentados, sin importar lo bien que se oculten.
La Operación Malaya destapó la mayor trama de corrupción urbanística en España, revelando el saqueo sistemático de Marbella por parte de políticos y empresarios. En un principio, las autoridades confiscaron bienes y dinero dentro del país, pero pronto surgieron rumores de que una parte importante del botín se había trasladado al extranjero. Mientras la investigación oficial se centraba en España, nosotros seguimos la pista de esos fondos ocultos.
Nuestro equipo rastreó operaciones financieras y estructuras empresariales opacas hasta encontrar una importante bolsa de dinero en la Isla de Man, un conocido paraíso fiscal. Este hallazgo fue clave cuando el caso llegó a juicio, ya que permitió que se trabara y recuperara el dinero malversado, algo que de otro modo habría permanecido fuera del alcance de la justicia. La Operación Malaya demostró que en los delitos financieros, la clave no es solo seguir el dinero, sino saber dónde y cómo buscarlo.
En 2001, nuestra agencia de inteligencia privada, Método 3, fue contratada para investigar una operación empresarial que levantaba sospechas. José María Ruiz-Mateos, a través de su recién constituida Nueva Rumasa, había adquirido una empresa avícola. Poco después de la compra, los activos de la compañía comenzaron a desvanecerse misteriosamente, perjudicando notablemente los intereses de nuestro cliente.
Durante nuestra investigación, descubrimos que Ruiz-Mateos utilizaba a un testaferro para desviar los activos y quedarse con la marca de la empresa, en detrimento de nuestro cliente. Además, detectamos que el polémico empresario facturaba más de un cuarto de billón de pesetas, mientras que su patrimonio visible en España no superaba los 25.000 millones de pesetas.
El fraude patrimonial puede tomar muchas formas, pero pocas tan insólitas como la que descubrimos en Barcelona. Un cliente acudió a nosotros tras descubrir que su familiar anciana había sido víctima de una estafa: alguien la había despojado de su legítima herencia mediante un matrimonio fraudulento. La historia parecía surrealista, pero al investigar el caso, nos encontramos con un esquema perfectamente diseñado para apropiarse de una fortuna.
El responsable clave en esta operación era un sacerdote, quien, violando cualquier principio ético, casó a una mujer con un hombre ya fallecido. La intención era clara: utilizar el matrimonio como herramienta para que la estafadora y su hija pudieran reclamar una herencia millonaria. El engaño estuvo a punto de tener éxito, ya que se falsificaron documentos y se manipuló el registro civil para dar validez legal a la unión.
Nuestra investigación permitió desentrañar toda la trama: rastreamos las transacciones financieras, reconstruimos la red de complicidades y reunimos pruebas contundentes que demostraban el fraude. Gracias a nuestro trabajo, conseguimos que los tribunales declararan el matrimonio como nulo y que los responsables fueran condenados por estafa.
Lo más importante para nuestro cliente no era solo hacer justicia, sino recuperar lo que legítimamente pertenecía a su familia. Finalmente, logramos que se restituyeran 3 millones de euros que habían sido desviados como parte de la estafa. Este caso demuestra que, aunque algunos delincuentes intenten manipular el sistema a su favor, con una investigación profesional y meticulosa, es posible desenmascararlos y revertir el daño causado.
Cuando las instituciones que deben garantizar la justicia manipulan la verdad, es fundamental contar con herramientas de inteligencia privada que permitan desenmascarar estos abusos. Este fue el caso de un Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, quien intentó influir en un procedimiento judicial aportando información falsa con el objetivo de condicionar el proceso a su favor.
Iniciamos nuestra investigación y pronto descubrimos que los datos presentados en el procedimiento no solo eran falsos, sino que habían sido obtenidos de manera ilegal por parte de la propia Policía Nacional. Se trataba de una maniobra que buscaba justificar una acusación sin fundamento, empleando técnicas de vigilancia no autorizadas y registros ilícitos.
Contactamos con el juzgado y le aportamos la información que lo demostraba. El impacto de nuestra investigación fue contundente: el tribunal rechazó la prueba ilícita. Más aún, al quedar en evidencia la manipulación del procedimiento, el propio Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional fue condenado a un año de prisión.
Este caso evidenció la importancia de contar con investigadores independientes capaces de desafiar incluso a los organismos más poderosos cuando se apartan de la legalidad. No importa de dónde provenga la mentira: siempre hay una forma de exponer la verdad.
Un prestigioso bufete de la capital contactó con la agencia de inteligencia privada para investigar una posible venta de acciones en bolsa que podía resultar clave en un litigio financiero. El empresario en cuestión no era un inversor cualquiera. Durante años, había utilizado una estrategia especulativa que le había permitido generar grandes beneficios mediante la volatilidad de las empresas en las que participaba. Sin embargo, en esta ocasión, reclamaba 110 millones de euros en un arbitraje internacional, alegando un supuesto incumplimiento contractual de un fondo de inversión.
El desafío radicaba en demostrar que el empresario no estaba arruinado, como afirmaba, sino que seguía operando con importantes sumas de dinero. La investigación reveló que había movido más de 30 millones de euros en operaciones intradía, incluyendo compras y ventas de acciones de la misma compañía en la que aseguraba no tener margen de maniobra.
El equipo de investigación rastreó la estructura financiera del empresario, localizando sus operaciones a través de asesorías y sociedades interpuestas. La recopilación de pruebas fue clave para desmontar su versión y demostrar que sus movimientos bursátiles no solo habían sido planificados, sino que formaban parte de una estrategia recurrente.
Finalmente, la Corte de Arbitraje de Madrid desestimó su reclamación y rechazó la demanda contra el fondo de inversión. Además, el empresario se vio obligado a asumir el 85% de las costas del procedimiento, perdiendo no solo el litigio, sino también su influencia dentro de la empresa en la que se había asegurado un sueldo de 360.000 euros poco antes de la disputa legal.
La acusación contra un famoso deportista por presuntos delitos sexuales generó un enorme impacto mediático y puso en jaque su carrera y su reputación. Desde el inicio, el caso estuvo rodeado de versiones contradictorias, filtraciones interesadas y un juicio paralelo en la opinión pública. La defensa necesitaba pruebas sólidas para desmontar las acusaciones, y ahí fue donde la inteligencia privada desempeñó un papel clave.
El trabajo de investigación se centró en analizar los testimonios, reconstruir los hechos y verificar si existían inconsistencias en la versión de la denunciante. Se revisaron grabaciones, testimonios y pruebas documentales que permitieron contrastar los datos presentados en el proceso. Con el avance del análisis, surgieron evidencias que demostraban que la versión de la denunciante contenía contradicciones y omisiones clave, lo que puso en duda la solidez de la acusación.
Los hallazgos fueron determinantes para la estrategia de la defensa. La recopilación de pruebas, junto con el análisis de la conducta permitió presentar ante el tribunal un informe contundente. Finalmente, tal y como quedó reflejado en la sentencia, se confirmó que la denunciante había mentido en aspectos esenciales del caso, lo que desmontó la acusación y permitió exponer la realidad de los hechos.
Este caso ejemplifica cómo la inteligencia privada y el análisis forense de la información pueden ser decisivos en procedimientos judiciales donde la presión mediática y la falta de rigor en las investigaciones iniciales pueden llevar a errores irreparables. La verdad siempre deja rastro, y cuando se busca con los métodos adecuados, termina saliendo a la luz.
El fraude laboral es una de las principales preocupaciones de muchas empresas, especialmente cuando se trata de bajas fingidas, absentismo injustificado y fraudes contractuales. A lo largo de los años, la agencia de inteligencia privada ha realizado cientos de informes sobre fraudes laborales, proporcionando a empresas y despachos de abogados pruebas sólidas para defender sus intereses en los tribunales.
Cada caso implica una investigación detallada: desde la vigilancia y el análisis de patrones de comportamiento hasta la recopilación de pruebas documentales y audiovisuales que evidencian el engaño. En muchas ocasiones, se ha demostrado que empleados en baja médica realizaban actividades incompatibles con su supuesto estado de salud, trabajaban en otros empleos o simplemente utilizaban la situación para prolongar su ausencia sin justificación.
Las pruebas obtenidas han sido clave en procedimientos judiciales, logrando que decenas de sentencias reconozcan la validez de nuestros informes. Estas resoluciones han permitido a las empresas ejecutar despidos procedentes, evitando indemnizaciones indebidas y protegiendo la integridad de sus negocios.
En un contexto donde los abusos en el ámbito laboral pueden representar grandes pérdidas económicas, la inteligencia privada se ha convertido en una herramienta esencial para garantizar que las empresas puedan actuar con respaldo legal y tomar decisiones informadas.
A lo largo de los años, hemos intervenido en decenas de gestiones de crisis judiciales, muchas de ellas con un enorme impacto mediático. Entre los casos más relevantes, uno de los más complejos fue el de una fundación filantrópica acusada de una supuesta mala gestión de fondos. Las acusaciones apuntaban a un presunto desvío de dinero destinado a proyectos humanitarios, lo que generó un escándalo de gran magnitud y puso en jaque la reputación de la organización y de sus responsables.
Desde el inicio, la presión mediática condicionó la percepción pública del caso, presentando como culpables a los directivos de la fundación antes de que se analizara a fondo la realidad de los hechos. Nuestra intervención fue clave en la recopilación de pruebas que desmontaban las acusaciones, demostrando que no existía un desvío ilícito de fondos ni una administración fraudulenta.
Tras un proceso judicial extenso y mediático, la Audiencia Nacional absolvió finalmente a todos los acusados, reconociendo que no había pruebas suficientes para sostener la acusación. Este caso evidenció cómo una crisis mal gestionada puede destruir la reputación de una organización sin fundamentos sólidos, y cómo una estrategia de defensa basada en pruebas verificables y análisis financiero forense puede ser la diferencia entre la condena y la absolución.
La experiencia en este y otros casos demuestra que, en el contexto judicial y mediático, la clave no es solo responder a las acusaciones, sino anticiparse a ellas con información precisa y contrastada.
Un importante fondo de inversión internacional nos contrató para evaluar la idoneidad de sus socios en España antes de cerrar una gran operación financiera. Nuestro análisis reveló que las personas con las que planeaban aliarse tenían antecedentes por fraude y otras irregularidades financieras, lo que representaba un claro riesgo para la inversión. A pesar de nuestras advertencias, el fondo decidió seguir adelante con la operación.
El resultado fue un fraude de 300 millones de euros, ejecutado a través de una compleja red de sociedades pantalla y movimientos de capital diseñados para desviar fondos fuera de España. Cuando estalló el escándalo, el fondo se vio envuelto en un procedimiento judicial y mediático que amenazaba su reputación y sus activos.
Nuestra primera tarea fue desvincular a nuestro cliente del fraude, aportando pruebas que demostraban que su participación en la operación se había basado en información falsa proporcionada por sus socios. Con nuestro informe, conseguimos que el fondo quedara exonerado de cualquier responsabilidad penal.
La segunda fase consistió en sustentar la acusación contra los responsables del fraude, documentando sus actividades financieras ilícitas y su historial de maniobras similares en otras operaciones. Con pruebas verificadas, se logró estructurar un caso sólido ante la justicia.
Finalmente, iniciamos la búsqueda de los fondos desviados. Mediante un análisis de transferencias internacionales y estructuras offshore, localizamos el dinero oculto en Panamá, Belice y Suiza, lo que permitió a nuestro cliente recuperar una parte significativa de la inversión y reforzar las acciones legales contra los defraudadores.
Este caso demuestra que la inteligencia financiera es clave no solo para prevenir fraudes, sino también para minimizar daños cuando el riesgo se materializa, permitiendo a las víctimas proteger su reputación y recuperar lo que les pertenece.